Unos versos

En la cafetería

Todo parece vivo, como el mundo
-café con pan tostado y gente limpia-,
pero, tras las paredes,
se encuentran el dolor y la esperanza.

Es limpio el hospital
para quien va por él de visitante,
animando a un enfermo
y sintiendo el abismo, la infinita
distancia, entre salud y anomalía

Un día en que aparece
tu nombre en los tableros de la espera,
sufres, inevitable,
un golpe de vejez y soledad,
de cruel sabiduría
desde el acantilado en que divisas
que ya la vida sus orillas muestra.

Angel González Sánchez (27.1.12)

el calendario del miedo

José Asensi Sabater

Abrumada por la crisis, mucha gente resulta sensible a pronósticos tales como el del calendario Maya, unas cuentas banalmente comercializadas según las cuales el 21 de diciembre de 2012 se agota un ciclo estelar de más de cinco mil años y comienza otro nuevo, preñado de catástrofes.

Yo estuve no hace mucho en Chiapas, donde se supone que se escribieron los Códices calendáricos. Los lugareños que andaban por allí –empleados del gobierno zapatista del sub-comandante Marcos- se regodeaban ante el interés esotérico de los cuatro turistas que preguntaban por el evento. Su media sonrisa revelaba que la gran operación de marketing urdida al respecto no era sino la parte menor de un negocio que sirve, por otra parte, para azuzar el espectro del miedo.

Porque no nos engañemos: todo lo que huele a miedo y lo fomenta es bienvenido en tiempos de crisis. Bienvenido para ocultar responsabilidades y doblegar la mente de la gente a base de sacar el espectro en peana. El miedo obra milagros. Abre el camino para recortar, perdón, ajustar y ajustar, hasta que el nivel del agua rebase el cuello.

El calendario que de verdad tenemos delante de las narices es el de enfrentar dificultades. Es en esencia el calendario Juliano, precisado por los astrónomos, el cual señala que la flecha del tiempo –subjetivo y objetivo- mira siempre hacia adelante. Se trata de un asunto curioso. Hasta que se anunció la buena nueva de que había un tiempo por venir, los calendarios y la mentalidad de la gente se atenían a una figura circular: el eterno retorno, los ciclos, el ritmo pausado y constantemente repetido de las estrellas, las mareas y las estaciones. No había resquicio para suponer que la vida podía cambiar, progresar. No había utopía, ni ideales que realizar y legar.

Con el calendario nuevo, que habla de un pasado, un presente y un futuro, las sociedades modernas se posesionaron de un instrumento poderoso para avanzar, y lo llamaron progreso. La Historia –la historia del capitalismo, pero también de la lucha social y de los altos ideales- se ha escrito bajo el supuesto de que existía un proceso ilimitado de cambio y de progreso… hasta que llegó la crisis. La crisis sistémica del capitalismo financiero que hoy padecemos repite, como la lúgubre campana, la del 29. Cosas de los ciclos, se dice, que prueba que no hay nada que hacer, ni futuro que esperar.

Es cierto que hay que contar con la presencia de algunos ciclos. El que verdaderamente nos afecta es el de la naturaleza, respecto de cual estamos avisados de que no es posible un crecimiento material sin fin. La humanidad, en efecto, no puede desentenderse de los ciclos naturales de Gaia, la Tierra viva que nos acoge y de la que formamos parte. Ahí están, para quien lo quiera leer, los pronósticos sombríos de Lovelock y las consideraciones más bien desoladoras de John Grey. Pero esta advertencia está siendo despreciada y se puede decir que, en esta crisis, la gran sacrificada ha sido precisamente Gaia, que gime su desventura.

Pero en cuanto al resto, el sistema hoy dominante, un sistema financiero podrido cuyos efectos deprimentes se puede ver por todas partes, se empeña en hacernos creer que el calendario se ha detenido, y que, por tanto, tenemos que conformarnos con vegetar en un presente continuo, un tiempo congelado. Se pretende que aceptemos una forma de vida que destierra la esperanza de un mundo cambiante, de un mundo mejor. Se nos obliga a que pintemos de blanco las fechas del calendario y que nos limitemos a rumiar los mensajes, siempre repetidos, que proceden de los altavoces del miedo.

Son cuestiones a tener en cuenta. Porque lo que se nos ofrece como solución en estos días aciagos es justamente lo más perverso que encierra esa figura congelada de la historia: maltratar la naturaleza y soportar como se pueda el acoso de los mercados. Tal es el mensaje. No creo, sin embargo, que la telaraña tejida a nuestro alrededor pueda desafiar el deseo de la gente de buscar su propio destino. A trompicones, y con mejor o peor fortuna, la gente reaccionará. La primera condición es rechazar y combatir a los mensajeros del miedo.

un túnel sin salida

José Asensi Sabater

Ando estos días bajo de forma mental y me acerco a algunos colegas europeístas de pro para ver si me levantan un poco la moral y me ayudan a descifrar lo sucedido en la última reunión del eurogrupo. Porque europeístas, haberlos haylos, aunque con el paso de los años y a la vista de la marea neoliberal que rige los destinos del continente, la pasión de los amigos cede cada día ante la perspectiva de un túnel sin salida.

La derecha que construyó Europa en sus inicios era una derecha democristiana que conservaba el recuerdo de la guerra: los De Gasperi, Adenauer, Schuman, Monnet, los Khol, etcétera -además de otros muchos socialdemócratas- sabían muy bien que la integración era el único camino para redimir a Europa de sus demonios seculares. Era gente que, por otra parte, albergaba la esperanza de que Europa llegaría a ser un actor político potente en el espacio abierto de la globalización.

De aquéllos líderes no queda rastro. Ocuparon su lugar una generación de personajes estrafalarios, como Berlusconi, o inclasificables, como Sarkozy, Merkel (de la que analistas independientes no alcanzan a dilucidar si es que no sabe por dónde va, si es simple testaferra de los bancos alemanes y los rentistas, o si es una visionaria que nos llevará al cielo de un nuevo Imperio: yo me quedo con lo segundo) y otros líderes por el estilo, que finalmente se han transmutado en dóciles empleados, a veces en el sentido estricto de la palabra, de los magos de las finanzas.

Dicen los optimistas que Europa siempre ha salido reforzada de las crisis y que, al borde del abismo, ha sabido encontrar el camino para rehacerse y avanzar. Así ocurrió en sus orígenes, con la creación de la CECA, con el Tratado de Roma, y más tarde con el Tratado de Mastrique, todos ellos espoleados por sendas crisis que empujaron la construcción europea. Por tanto, dicen, cabe esperar una reacción parecida.

Pero la crisis actual tiene una naturaleza distinta. Desde los años setenta, la política en el mundo occidental y desarrollado se ha deslizado hacia un modelo económico donde el elemento central es el crédito y las finanzas. Al desmantelamiento de la industria, siguió un modelo basado en alimentar una gigantesca burbuja financiera, cuyo estallido ha producido la mayor crisis que se recuerda. Este modelo va en la dirección contraria de lo que fue el pacto social y político que dio origen a lo que hoy es la UE y, por supuesto, es diametralmente opuesto a lo que disponen las Constituciones de los Estados que son parte de ella. De ahí el interés de modificar las Constituciones –reformas que se llevan a cabo con una ciudadanía clamorosamente ausente- para que no sean obstáculos al desarrollo de las políticas neoliberales.

Porque el juguete europeo ha devenido en eso: en un mecanismo mediante el cual los Estados ceden soberanía, pero esos mismos Estados la recuperan luego duplicada en la UE a través de gobiernos, en este caso abrumadoramente conservadores, liberales, tecnócratas o no se sabe qué, para no tener que rendir cuentas ante sus ciudadanos con el pretexto de que son decisiones “europeas”. No es correcto decir que los Estados pierdan soberanía: la recuperan, pero sin responsabilidad alguna por su parte.

Siguiendo esa pauta, el último Consejo Europeo bien se puede decir que ha sido un Consejo contra el empleo. A pesar de haberse constatado que las recetas procedentes de la UE, bajo el directorio franco-alemán, no han servido de nada para atajar la crisis y que más bien, por el horizonte, aparece el espectro de la recesión y, tal vez, de la deflacción; a pesar de que, por otra parte, los mercados continúan insaciables a la caza del eslabón débil y la prima de riesgo amenaza con ahogar al naufrago, los líderes han seguido erre que erre poniendo al objetivo del déficit y el pago de la deuda por encima de cualquier otro tipo de consideración, hasta que se cierre el círculo diabólico de la recesión y el paro.

Hay países que tal vez puedan resistir las tasas de desempleo que se cierne sobre ellos, pero España no está entre ellos. Con tasas del veinte por ciento y en ascenso, el último Consejo Europeo es un golpe letal. Hasta el mismo Rajoy, cuyo mensaje central es el empleo, parece que se da cuenta de que está metido en un buen lío, por lo que después de dar los gritos de rigor, alabando las medidas de Merkel, empieza a balbucear que hacen falta otras medidas para animar el crecimiento. Todavía no es consciente de que al aumento del paro y al recorte de salarios, seguirá el desmantelamiento del Estado de bienestar. El ideal social que se persigue no es todavía China, pero se acerca mucho al de algunos países latinoamericanos. Como ven, la moral sigue por los suelos.

¿Cambio constitucional?

José Asensi Sabater

Algunos colegas me animan a participar en una publicación que pretende establecer las bases de lo que podría ser un proceso constituyente para España. Se trataría de exponer por qué la fuerza de la vigente Constitución de 1978 está agotada, y por qué resulta necesario abordar un planteamiento que devuelva el protagonismo a la ciudadanía, poniendo coto a los poderes financieros y a las políticas neoliberales que se extienden hoy, a pesar de su fracaso, por toda Europa.

Naturalmente, declino tal invitación, no porque piense que no ha lugar a una reflexión de este tipo en el plano teórico, sino porque creo que no se dan ni de lejos las condiciones para llevar a cabo, en la práctica, un planteamiento de esta naturaleza. No resulta atractivo operar en el vacío.

Es verdad que la Constitución, en los últimos años, ha sufrido un proceso de degradación alarmante, ya que su potencial normativo ha quedado anulado en gran medida por efecto de la crisis, de suerte que los derechos en ella proclamados, entre ellos el derecho al trabajo, son derechos ilusorios en la vida real. En este sentido, la reciente reforma del art. 135, pactada entre los dos principales partidos, supone una trasgresión en toda regla del pacto constituyente de la Transición, puesto que consagra indirectamente un modelo económico claramente incompatible con los supuestos del Estado Social, uno de los pilares del consenso de 1978.

Tras treinta años de vigencia constitucional, los tres poderes del Estado han resultado afectados: el Legislativo, por su distanciamiento de la sociedad y por su subordinación a instancias foráneas. El Ejecutivo, por su colonización por distintos grupos de presión y por su manifiesta incapacidad para definir nítidamente lo que se entiende por interés general. El judicial, porque es ineficiente y no garantiza, ni la adecuada protección a los derechos fundamentales, ni los elementales valores de la neutralidad e independencia.

La degradación también se manifiesta en la organización territorial del Estado, que lejos de haber avanzado por la senda de la racionalización y la complementariedad, en la línea de un modelo solidario de corte federal, se ha deslizado por el plano de la desigualdad y la insolidaridad, además de que en ellas han cristalizado elites clientelares que presumen de no estar sujetas a responsabilidad alguna.

Con todo, se está lejos de una situación propicia para un nuevo pacto constituyente. Primero, porque tal pacto sería probablemente imposible, dada la estrategia política existente del “todo o nada”, que también se deja sentir fuera de nuestras fronteras. Segundo, porque la Constitución que se alcanzó a la salida de la dictadura, donde triunfó el consenso, hay que ponerla en valor en condiciones distintas, las de la globalización y el encaje en las estructuras europeas, que es por donde pasa actualmente el verdadero proceso constituyente: la solución de los problemas de España no se pueden disociar de los problemas de Europa, por más que en este espacio lo que predomine hoy día sea una política errática y anárquica, bajo la batuta de gobiernos conservadores. Tercero, porque, sin consenso, o mejor dicho, con posiciones maximalistas en una larga serie de aspectos, el resultado sería, o bien regresivo respecto a los niveles actuales, o bien daría lugar a una conflictividad tal que nos anularía como país; o ambas cosas.

Por tanto, hay que seguir trabajando, en mi opinión, con el material constitucional que tenemos, que no tiene por qué estar condenado a la inoperancia. Hay instrumentos potentes en el texto constitucional que es necesario poner al día. Las reformas que se necesitan, a consecuencia de la crisis, no son las de amputar el Estado social, un error político y económico, sino poner límites a esos mismos que hablan de recortes y que viven en el mejor de los mundos posibles. Las reforma que se precisan son las del saneamiento de las administraciones, sin duda, pero también la equidad fiscal entre Trabajo y Capital, hoy descaradamente favorable a ésta última. Frente los recortes arbitrarios que se quieren imponen más por ideología y por ventajismo que por coherencia económica y social, están los derechos que la Constitución proclama. Otras muchas reformas son posibles para adecuar los poderes del Estado y la organización territorial a las condiciones actuales: es cuestión de voluntad política, en el bien entendido que el punto de mira es avanzar en un esquema constitucional europeo que supere la dependencia –personal, económica y política- de los gobiernos conservadores (y no conservadores) con las entidades financieras que nos han llevado impunemente a la crisis.

La receta no es sencilla: pasa también por revertir los valores actuales, basados en el modelo de la ganancia fácil, especulativa e improductiva, e invertir en valores de decencia y promoción de bienes colectivos, es decir, en las necesidades reales de la gente.

¿una ciudad con futuro?

José Asensi Sabater

La gente con la que hablo se pregunta a menudo qué futuro aguarda a una ciudad como Alicante que a simple vista no parece especialmente dotada para la carrera post-crisis. ¿De qué vivirá, se pregunta más de uno, una ciudad que confió su crecimiento al ladrillo? ¿Cuáles serán sus fuentes de empleo, las palancas de su desarrollo? ¿Está abocada a una lenta decadencia, a la irrelevancia?

La respuesta, a la vista de las estadísticas, suele ser de lo más pesimista. Pocos son los que creen en un futuro próspero. Yo creo sin embargo que Alicante cuenta con algunas bazas que, hábilmente implementadas, pueden dar mucho de sí. Esta reflexión no es fruto –que quede claro- de un optimismo irracional, sino que responde a la constatación de algunas evidencias. El punto de partida es el siguiente: Todas las sociedades sin exclusión, especialmente las pertenecientes al llamado mundo desarrollado, tienen que orbitar necesariamente en torno a “la sociedad del conocimiento”. El conocimiento, en todas sus dimensiones, tecnológicas, científicas, ambientales, culturales, productivas, etcétera, es la llave del futuro. El posicionamiento de una ciudad, de una región, de un país, de una macro-región, pasará inexorablemente por la prueba del conocimiento.

Los que saben de estas cosas indican que se tienen que dar siete condiciones para que la planta de la economía del conocimiento pueda germinar y crecer, a saber: Buenas Universidades, bajos costes de comunicación, tecnología avanzada, frecuencia de servicios aéreos, baja tasa de delitos, buen clima y calidad de vida.

Alicante reúne parte de los requisitos. Tiene condiciones climáticas favorables y su calidad de vida, medida subjetivamente, es relativamente apreciable. Dispone de buenas comunicaciones en líneas aéreas de bajo coste, aunque sus comunicaciones por ferrocarril son muy deficientes, especialmente hacia el sur, (de ahí la importancia de que las redes transeuropeas de transporte conecten este espacio) y carece de una definición viable de su modelo portuario. Por otra parte, los niveles de seguridad son satisfactorios. Adolece sin embargo de puntos fuertes en los restantes apartados.

La Universidad, por ejemplo, si bien ha alcanzado cotas de excelencia en varios aspectos, tiene por delante retos de calado. Tiene que convertirse en el motor que dinamice el conocimiento, no como objetivo abstracto, sino en su implicación concreta con empresas y emprendedores. Por tanto, el perfil científico-técnico de la Universidad tiene que acentuarse aún mucho más. Por otra parte, las condiciones para que se cree una tecnología avanzada, de la que toda la sociedad se beneficie, es una tarea pendiente. Nuestras autoridades, en vez del jijí jajá habitual, deberían arremangarse para, por ejemplo, convertir Alicante en un espacio wifi abierto a todos a precios económicos. E igualmente debería ser una ciudad pionera en la utilización del coche eléctrico, facilitando, entre otros, servicios de arrendamiento de vehículos de este tipo. No es misión imposible.

La inmersión de la ciudad en la sociedad del conocimiento no es responsabilidad sólo de las autoridades, sino que afecta a todos, agentes económicos y sociales, escuela, universidad, y a cualesquiera entidades, grupos y asociaciones. Pero las autoridades tienen un papel especial que desempeñar. Y aquí hay que señalar un serio déficit, pues empeñadas en batallitas de poca monta, desprecian el hecho de que el futuro se construye con altitud de miras. Alicante –se ha dicho muchas veces- está ayuna de grupos dirigentes que velen por ella y sean capaces de aprovechar en el mejor sentido sus ventajas competitivas. En muchos aspectos, la clase política se acomoda a los papeles que se le asigna desde la vecina Valencia, cuya voracidad es insaciable. De modo que es utilizada como moneda de cambio.

Tal vez la crisis económica actúe en este caso como un revulsivo para que, de una vez por todas, se sumen esfuerzos para enganchar la ciudad a la ola que, de todas formas, se viene encima. La sociedad del conocimiento es el único camino practicable. Esto lo saben muy bien, intuitivamente, los jóvenes.

la constitucionaización de los mercados

José Asensi Sabater

A partir de la aprobación de la reforma de la Constitución que perpetran en pleno verano por la vía de urgencia pepé y pesoe ya no se podrá decir que España es un “Estado social y democrático de Derecho”, como solemnemente proclama el artículo 1º de la Constitución, sino un estado neoliberal y de democracia tutelada.

De la misma manera que introducir en la Constitución un texto que diga que España se declara budista alteraría el punto clave de que España es un Estado no confesional, la introducción de un límite de deuda y gasto público supone una alteración sustancial de nuestra Carta Magna en su proyección económica y social.

La Constitución del 78 se construyó sobre la base de que el mercado y sus exigencias en un espacio capitalista no es becerro de oro al que hay que adorar, sino que debe ser compatible con cosas tales como la soberanía nacional, los derechos sociales, la iniciativa pública y las instituciones propias del estado de bienestar. Dicho de otro modo: la Constitución deja abierta la posibilidad de trabajar, en materia económica, con una pluralidad de instrumentos, dependiendo de la orientación política de las mayorías parlamentarias. La reforma en cuestión no supone, pues, un ligero retoque sin importancia, sino una transmutación en toda regla de la sustancia misma de la Constitución. Por tanto, queda la duda de si la tal reforma no será en sí misma inconstitucional, al tramitarse por un procedimiento, el del art. 167, que se supone que queda reservado para aspectos no sustantivos.

Pero, además, esta reforma es innecesaria. La Constitución ya prevé instrumentos para controlar la deuda y el déficit, al tener que aprobarse necesariamente por Ley, y el Estado español, por otra parte, se ha comprometido a controlar la deuda en el marco del Pacto por el Euro y el Tratado de Lisboa, que son también instrumentos jurídicos. ¿A qué viene ahora este estrambote deprisa y con carreras? Por temor a los mercados, sin duda, no vaya a ser que se pongan furiosos y nos den un mes de septiembre movidito. Es decir, una situación coyuntural, de técnica económica válida para un modelo económico concreto y determinado, se va a erigir en una norma estable y definitiva.

Con esta maniobra se pretende llevar a cabo la refundación de España sobre el modelo neoliberal sin participación de los españoles, privándoles del elemental derecho de que las decisiones trascendentales tienen que tomarse con la participación del pueblo. El Poder Constituyente ha pasado a manos de los mercados, tenedores de deuda, entes financieros, políticos conservadores del eje franco-alemán y distantes burócratas europeos. Estos son los nuevos príncipes de las nuevas Constituciones otorgadas. A los españoles, que no han tenido la oportunidad de debatir en años reformas pendientes y necesarias de la Constitución, se les conmina ahora, por la puerta trasera y a hurtadillas, a un cambio de orientación constitucional que va a tener consecuencias en múltiples facetas de su vida y de su futuro.

Un elemental sentido de la decencia y la dignidad exigen que, al menos, la reforma planeada mayoritariamente por nuestros representantes políticos sea motivo para que el pueblo español se pronuncie al respeto mediante referéndum.

La reforma, además, es inútil y contraproducente desde el punto de vista jurídico. En realidad, el texto que se apruebe no será propiamente una norma, ni un principio con vocación normativa, porque no habrá manera de efectuar el control constitucional de las normas que creen déficit o deuda, so pena de que los presupuestos se prorroguen indefinidamente, y el Tribunal Constitucional, hoy en estado catatónico, se convierta en el árbitro que toma decisiones cuando el partido ya ha terminado.

Las consecuencias política inmediatas son fáciles de analizar: Mariano Rajoy ya tiene su reforma servida en bandeja de plata, sin mover un dedo. Zapatero ha decidido por su cuenta que el Gobierno ha de pasar a manos del pepé no sin antes atornillar al suelo las zapatillas de Alfredo, el viejo velocista, para que no pueda tomar la salida.

NIEGO LA MAYOR

Recuerdo que, en 1996, cuando ya se preveía que Felipe González podía perder las elecciones frente a José María Aznar, algunos locutores de televisión lamentaban que una gran cantidad de personas iban a perder el empleo, si cambiaba el partido gobernante. Y a mí me parecía ver en ello una especie de llamada a la instinto más sensiblero de los votantes.

Tiempo después he visto y oído en los medios de comunicación algunas críticas a los políticos, en el sentido de que no están en el hemiciclo cuando se ven las imágenes en televisión. Dicen airados frases como “si no van al trabajo que no cobren; que les descuenten del sueldo los días que no van”. Les acusan de absentismo laboral, de vagancia, de faltas en el trabajo. Y sueltan contra ellos toda clase de improperios ácidos y airados, cuando no insultantes.

Con toda modestia, en esta dialéctica, en estos razonamientos, niego la mayor. El silogismo mental de estos críticos periodistas y comentaristas parece simple: el político es un trabajador; el trabajador que falta al trabaja no debe cobrar; “ergo” los políticos que faltan al trabajo no deben cobrar.

También se habla habitualmente, entre los locutores de los medios, de la profesión de la política, del oficio de la política, de una especie de relación laboral con su derecho a un sueldo, a una la jubilación, a una seguridad social. Se discute sobre si el sueldo es alto o bajo, si son excesivas, o no, las revisiones del mismo, si la jubilación es suficiente o excesiva, si es normal, o no, que se tenga derecho a jubilación con cotizaciones muy cortas, en ocasiones. Se discute entre los comentarista de los medios sobre todas esas cuestiones que tienen que ver con el trabajo como medio de vida.

Pues yo niego la mayor, sí señor. Niego que el político sea un trabajador, niego que la política sea una profesión. Y esto, que yo lo vengo pensando desde hace muchos años, lo estoy oyendo ya decir por boca de algún político en activo. Hace pocos días decía Álvarez Cascos que la política “no es un oficio, sino un servicio”; y que iba a aplicar este criterio a su labor de gobierno en Asturias.

Está claro que el político asturiano se refería a los cargos de gobierno y no a los componentes del parlamento, en general. Posiblemente los cargos de gobierno sí que tengan una actividad profesional, pero limitada en el tiempo. Sería una especie de profesional contratado para obra determinada.

Pero, en estos comentarios, yo me refiero sobre todo a los mandatarios de los ciudadanos en los órganos de representación.

Yo entiendo que el político, elegido para representar al resto de los ciudadanos, es un mero representante, un mero mandatario.

El trabajo de la Administración Pública lo debe realizar el funcionario o llámese como se quiera, el profesional técnico que, este sí, se dedica profesionalmente y conoce, desde antes de ocupar su puesto de trabajo, toda la materia de su cometido. Este profesional, que no es político o que, al menos, no está obligado a serlo, es el que ejecuta (salvo, como hemos visto, la parte alta de la pirámide, formada por los ministros o los “ministrines). Este empleado de la Administración Pública es el que sabe cómo se hace la gestión de la cosa pública. El otro, el representante de los ciudadanos, el elegido por un tiempo determinado, es simplemente el que dice qué quiere y cómo lo quiere, es el cliente del funcionario o por mejor decir, es el representante del cliente, que es el ciudadano en general.

¿Por qué se les elige? Pues sencillamente porque el sistema de democracia directa o de “concejo abierto” solamente es posible en sociedades de pequeño número de individuos. En las grandes sociedades es preciso ir a la democracia indirecta, eligiendo a algunos representantes, que tampoco tienen que ser tantos, por cierto. No estaría mal que fueran menos los representantes y mayor la libertad de elección que otorgara a los electores el entramado normativo.

En todo caso, su posible cobro de cantidades económicas estaría más en la línea de la indemnización, por haber dejado temporalmente su trabajo, su oficio o su profesión habitual, para ir en representación del resto de los ciudadanos a las asambleas de decisión. Pero entender que son profesionales, entender que la política es un oficio y que es un medio de ganarse la vida (y menos de manera decente) es confundir la gimnasia con la magnesia.


Ángel González Sánchez