¿Cambio constitucional?

José Asensi Sabater

Algunos colegas me animan a participar en una publicación que pretende establecer las bases de lo que podría ser un proceso constituyente para España. Se trataría de exponer por qué la fuerza de la vigente Constitución de 1978 está agotada, y por qué resulta necesario abordar un planteamiento que devuelva el protagonismo a la ciudadanía, poniendo coto a los poderes financieros y a las políticas neoliberales que se extienden hoy, a pesar de su fracaso, por toda Europa.

Naturalmente, declino tal invitación, no porque piense que no ha lugar a una reflexión de este tipo en el plano teórico, sino porque creo que no se dan ni de lejos las condiciones para llevar a cabo, en la práctica, un planteamiento de esta naturaleza. No resulta atractivo operar en el vacío.

Es verdad que la Constitución, en los últimos años, ha sufrido un proceso de degradación alarmante, ya que su potencial normativo ha quedado anulado en gran medida por efecto de la crisis, de suerte que los derechos en ella proclamados, entre ellos el derecho al trabajo, son derechos ilusorios en la vida real. En este sentido, la reciente reforma del art. 135, pactada entre los dos principales partidos, supone una trasgresión en toda regla del pacto constituyente de la Transición, puesto que consagra indirectamente un modelo económico claramente incompatible con los supuestos del Estado Social, uno de los pilares del consenso de 1978.

Tras treinta años de vigencia constitucional, los tres poderes del Estado han resultado afectados: el Legislativo, por su distanciamiento de la sociedad y por su subordinación a instancias foráneas. El Ejecutivo, por su colonización por distintos grupos de presión y por su manifiesta incapacidad para definir nítidamente lo que se entiende por interés general. El judicial, porque es ineficiente y no garantiza, ni la adecuada protección a los derechos fundamentales, ni los elementales valores de la neutralidad e independencia.

La degradación también se manifiesta en la organización territorial del Estado, que lejos de haber avanzado por la senda de la racionalización y la complementariedad, en la línea de un modelo solidario de corte federal, se ha deslizado por el plano de la desigualdad y la insolidaridad, además de que en ellas han cristalizado elites clientelares que presumen de no estar sujetas a responsabilidad alguna.

Con todo, se está lejos de una situación propicia para un nuevo pacto constituyente. Primero, porque tal pacto sería probablemente imposible, dada la estrategia política existente del “todo o nada”, que también se deja sentir fuera de nuestras fronteras. Segundo, porque la Constitución que se alcanzó a la salida de la dictadura, donde triunfó el consenso, hay que ponerla en valor en condiciones distintas, las de la globalización y el encaje en las estructuras europeas, que es por donde pasa actualmente el verdadero proceso constituyente: la solución de los problemas de España no se pueden disociar de los problemas de Europa, por más que en este espacio lo que predomine hoy día sea una política errática y anárquica, bajo la batuta de gobiernos conservadores. Tercero, porque, sin consenso, o mejor dicho, con posiciones maximalistas en una larga serie de aspectos, el resultado sería, o bien regresivo respecto a los niveles actuales, o bien daría lugar a una conflictividad tal que nos anularía como país; o ambas cosas.

Por tanto, hay que seguir trabajando, en mi opinión, con el material constitucional que tenemos, que no tiene por qué estar condenado a la inoperancia. Hay instrumentos potentes en el texto constitucional que es necesario poner al día. Las reformas que se necesitan, a consecuencia de la crisis, no son las de amputar el Estado social, un error político y económico, sino poner límites a esos mismos que hablan de recortes y que viven en el mejor de los mundos posibles. Las reforma que se precisan son las del saneamiento de las administraciones, sin duda, pero también la equidad fiscal entre Trabajo y Capital, hoy descaradamente favorable a ésta última. Frente los recortes arbitrarios que se quieren imponen más por ideología y por ventajismo que por coherencia económica y social, están los derechos que la Constitución proclama. Otras muchas reformas son posibles para adecuar los poderes del Estado y la organización territorial a las condiciones actuales: es cuestión de voluntad política, en el bien entendido que el punto de mira es avanzar en un esquema constitucional europeo que supere la dependencia –personal, económica y política- de los gobiernos conservadores (y no conservadores) con las entidades financieras que nos han llevado impunemente a la crisis.

La receta no es sencilla: pasa también por revertir los valores actuales, basados en el modelo de la ganancia fácil, especulativa e improductiva, e invertir en valores de decencia y promoción de bienes colectivos, es decir, en las necesidades reales de la gente.

¿una ciudad con futuro?

José Asensi Sabater

La gente con la que hablo se pregunta a menudo qué futuro aguarda a una ciudad como Alicante que a simple vista no parece especialmente dotada para la carrera post-crisis. ¿De qué vivirá, se pregunta más de uno, una ciudad que confió su crecimiento al ladrillo? ¿Cuáles serán sus fuentes de empleo, las palancas de su desarrollo? ¿Está abocada a una lenta decadencia, a la irrelevancia?

La respuesta, a la vista de las estadísticas, suele ser de lo más pesimista. Pocos son los que creen en un futuro próspero. Yo creo sin embargo que Alicante cuenta con algunas bazas que, hábilmente implementadas, pueden dar mucho de sí. Esta reflexión no es fruto –que quede claro- de un optimismo irracional, sino que responde a la constatación de algunas evidencias. El punto de partida es el siguiente: Todas las sociedades sin exclusión, especialmente las pertenecientes al llamado mundo desarrollado, tienen que orbitar necesariamente en torno a “la sociedad del conocimiento”. El conocimiento, en todas sus dimensiones, tecnológicas, científicas, ambientales, culturales, productivas, etcétera, es la llave del futuro. El posicionamiento de una ciudad, de una región, de un país, de una macro-región, pasará inexorablemente por la prueba del conocimiento.

Los que saben de estas cosas indican que se tienen que dar siete condiciones para que la planta de la economía del conocimiento pueda germinar y crecer, a saber: Buenas Universidades, bajos costes de comunicación, tecnología avanzada, frecuencia de servicios aéreos, baja tasa de delitos, buen clima y calidad de vida.

Alicante reúne parte de los requisitos. Tiene condiciones climáticas favorables y su calidad de vida, medida subjetivamente, es relativamente apreciable. Dispone de buenas comunicaciones en líneas aéreas de bajo coste, aunque sus comunicaciones por ferrocarril son muy deficientes, especialmente hacia el sur, (de ahí la importancia de que las redes transeuropeas de transporte conecten este espacio) y carece de una definición viable de su modelo portuario. Por otra parte, los niveles de seguridad son satisfactorios. Adolece sin embargo de puntos fuertes en los restantes apartados.

La Universidad, por ejemplo, si bien ha alcanzado cotas de excelencia en varios aspectos, tiene por delante retos de calado. Tiene que convertirse en el motor que dinamice el conocimiento, no como objetivo abstracto, sino en su implicación concreta con empresas y emprendedores. Por tanto, el perfil científico-técnico de la Universidad tiene que acentuarse aún mucho más. Por otra parte, las condiciones para que se cree una tecnología avanzada, de la que toda la sociedad se beneficie, es una tarea pendiente. Nuestras autoridades, en vez del jijí jajá habitual, deberían arremangarse para, por ejemplo, convertir Alicante en un espacio wifi abierto a todos a precios económicos. E igualmente debería ser una ciudad pionera en la utilización del coche eléctrico, facilitando, entre otros, servicios de arrendamiento de vehículos de este tipo. No es misión imposible.

La inmersión de la ciudad en la sociedad del conocimiento no es responsabilidad sólo de las autoridades, sino que afecta a todos, agentes económicos y sociales, escuela, universidad, y a cualesquiera entidades, grupos y asociaciones. Pero las autoridades tienen un papel especial que desempeñar. Y aquí hay que señalar un serio déficit, pues empeñadas en batallitas de poca monta, desprecian el hecho de que el futuro se construye con altitud de miras. Alicante –se ha dicho muchas veces- está ayuna de grupos dirigentes que velen por ella y sean capaces de aprovechar en el mejor sentido sus ventajas competitivas. En muchos aspectos, la clase política se acomoda a los papeles que se le asigna desde la vecina Valencia, cuya voracidad es insaciable. De modo que es utilizada como moneda de cambio.

Tal vez la crisis económica actúe en este caso como un revulsivo para que, de una vez por todas, se sumen esfuerzos para enganchar la ciudad a la ola que, de todas formas, se viene encima. La sociedad del conocimiento es el único camino practicable. Esto lo saben muy bien, intuitivamente, los jóvenes.

la constitucionaización de los mercados

José Asensi Sabater

A partir de la aprobación de la reforma de la Constitución que perpetran en pleno verano por la vía de urgencia pepé y pesoe ya no se podrá decir que España es un “Estado social y democrático de Derecho”, como solemnemente proclama el artículo 1º de la Constitución, sino un estado neoliberal y de democracia tutelada.

De la misma manera que introducir en la Constitución un texto que diga que España se declara budista alteraría el punto clave de que España es un Estado no confesional, la introducción de un límite de deuda y gasto público supone una alteración sustancial de nuestra Carta Magna en su proyección económica y social.

La Constitución del 78 se construyó sobre la base de que el mercado y sus exigencias en un espacio capitalista no es becerro de oro al que hay que adorar, sino que debe ser compatible con cosas tales como la soberanía nacional, los derechos sociales, la iniciativa pública y las instituciones propias del estado de bienestar. Dicho de otro modo: la Constitución deja abierta la posibilidad de trabajar, en materia económica, con una pluralidad de instrumentos, dependiendo de la orientación política de las mayorías parlamentarias. La reforma en cuestión no supone, pues, un ligero retoque sin importancia, sino una transmutación en toda regla de la sustancia misma de la Constitución. Por tanto, queda la duda de si la tal reforma no será en sí misma inconstitucional, al tramitarse por un procedimiento, el del art. 167, que se supone que queda reservado para aspectos no sustantivos.

Pero, además, esta reforma es innecesaria. La Constitución ya prevé instrumentos para controlar la deuda y el déficit, al tener que aprobarse necesariamente por Ley, y el Estado español, por otra parte, se ha comprometido a controlar la deuda en el marco del Pacto por el Euro y el Tratado de Lisboa, que son también instrumentos jurídicos. ¿A qué viene ahora este estrambote deprisa y con carreras? Por temor a los mercados, sin duda, no vaya a ser que se pongan furiosos y nos den un mes de septiembre movidito. Es decir, una situación coyuntural, de técnica económica válida para un modelo económico concreto y determinado, se va a erigir en una norma estable y definitiva.

Con esta maniobra se pretende llevar a cabo la refundación de España sobre el modelo neoliberal sin participación de los españoles, privándoles del elemental derecho de que las decisiones trascendentales tienen que tomarse con la participación del pueblo. El Poder Constituyente ha pasado a manos de los mercados, tenedores de deuda, entes financieros, políticos conservadores del eje franco-alemán y distantes burócratas europeos. Estos son los nuevos príncipes de las nuevas Constituciones otorgadas. A los españoles, que no han tenido la oportunidad de debatir en años reformas pendientes y necesarias de la Constitución, se les conmina ahora, por la puerta trasera y a hurtadillas, a un cambio de orientación constitucional que va a tener consecuencias en múltiples facetas de su vida y de su futuro.

Un elemental sentido de la decencia y la dignidad exigen que, al menos, la reforma planeada mayoritariamente por nuestros representantes políticos sea motivo para que el pueblo español se pronuncie al respeto mediante referéndum.

La reforma, además, es inútil y contraproducente desde el punto de vista jurídico. En realidad, el texto que se apruebe no será propiamente una norma, ni un principio con vocación normativa, porque no habrá manera de efectuar el control constitucional de las normas que creen déficit o deuda, so pena de que los presupuestos se prorroguen indefinidamente, y el Tribunal Constitucional, hoy en estado catatónico, se convierta en el árbitro que toma decisiones cuando el partido ya ha terminado.

Las consecuencias política inmediatas son fáciles de analizar: Mariano Rajoy ya tiene su reforma servida en bandeja de plata, sin mover un dedo. Zapatero ha decidido por su cuenta que el Gobierno ha de pasar a manos del pepé no sin antes atornillar al suelo las zapatillas de Alfredo, el viejo velocista, para que no pueda tomar la salida.

NIEGO LA MAYOR

Recuerdo que, en 1996, cuando ya se preveía que Felipe González podía perder las elecciones frente a José María Aznar, algunos locutores de televisión lamentaban que una gran cantidad de personas iban a perder el empleo, si cambiaba el partido gobernante. Y a mí me parecía ver en ello una especie de llamada a la instinto más sensiblero de los votantes.

Tiempo después he visto y oído en los medios de comunicación algunas críticas a los políticos, en el sentido de que no están en el hemiciclo cuando se ven las imágenes en televisión. Dicen airados frases como “si no van al trabajo que no cobren; que les descuenten del sueldo los días que no van”. Les acusan de absentismo laboral, de vagancia, de faltas en el trabajo. Y sueltan contra ellos toda clase de improperios ácidos y airados, cuando no insultantes.

Con toda modestia, en esta dialéctica, en estos razonamientos, niego la mayor. El silogismo mental de estos críticos periodistas y comentaristas parece simple: el político es un trabajador; el trabajador que falta al trabaja no debe cobrar; “ergo” los políticos que faltan al trabajo no deben cobrar.

También se habla habitualmente, entre los locutores de los medios, de la profesión de la política, del oficio de la política, de una especie de relación laboral con su derecho a un sueldo, a una la jubilación, a una seguridad social. Se discute sobre si el sueldo es alto o bajo, si son excesivas, o no, las revisiones del mismo, si la jubilación es suficiente o excesiva, si es normal, o no, que se tenga derecho a jubilación con cotizaciones muy cortas, en ocasiones. Se discute entre los comentarista de los medios sobre todas esas cuestiones que tienen que ver con el trabajo como medio de vida.

Pues yo niego la mayor, sí señor. Niego que el político sea un trabajador, niego que la política sea una profesión. Y esto, que yo lo vengo pensando desde hace muchos años, lo estoy oyendo ya decir por boca de algún político en activo. Hace pocos días decía Álvarez Cascos que la política “no es un oficio, sino un servicio”; y que iba a aplicar este criterio a su labor de gobierno en Asturias.

Está claro que el político asturiano se refería a los cargos de gobierno y no a los componentes del parlamento, en general. Posiblemente los cargos de gobierno sí que tengan una actividad profesional, pero limitada en el tiempo. Sería una especie de profesional contratado para obra determinada.

Pero, en estos comentarios, yo me refiero sobre todo a los mandatarios de los ciudadanos en los órganos de representación.

Yo entiendo que el político, elegido para representar al resto de los ciudadanos, es un mero representante, un mero mandatario.

El trabajo de la Administración Pública lo debe realizar el funcionario o llámese como se quiera, el profesional técnico que, este sí, se dedica profesionalmente y conoce, desde antes de ocupar su puesto de trabajo, toda la materia de su cometido. Este profesional, que no es político o que, al menos, no está obligado a serlo, es el que ejecuta (salvo, como hemos visto, la parte alta de la pirámide, formada por los ministros o los “ministrines). Este empleado de la Administración Pública es el que sabe cómo se hace la gestión de la cosa pública. El otro, el representante de los ciudadanos, el elegido por un tiempo determinado, es simplemente el que dice qué quiere y cómo lo quiere, es el cliente del funcionario o por mejor decir, es el representante del cliente, que es el ciudadano en general.

¿Por qué se les elige? Pues sencillamente porque el sistema de democracia directa o de “concejo abierto” solamente es posible en sociedades de pequeño número de individuos. En las grandes sociedades es preciso ir a la democracia indirecta, eligiendo a algunos representantes, que tampoco tienen que ser tantos, por cierto. No estaría mal que fueran menos los representantes y mayor la libertad de elección que otorgara a los electores el entramado normativo.

En todo caso, su posible cobro de cantidades económicas estaría más en la línea de la indemnización, por haber dejado temporalmente su trabajo, su oficio o su profesión habitual, para ir en representación del resto de los ciudadanos a las asambleas de decisión. Pero entender que son profesionales, entender que la política es un oficio y que es un medio de ganarse la vida (y menos de manera decente) es confundir la gimnasia con la magnesia.


Ángel González Sánchez

la forma del universo

José Asensi Sabater

Una de las más famosas controversias de la matemática contemporánea se ha centrado en desentrañar la “Conjetura de Poincaré”, un endiablado problema en torno a la forma del universo. Henri Poincaré, fundador de la topología moderna y matemático genial, conjeturó que el universo debía de ser triesférico, esto es, una realidad topológica de tres dimensiones, y, por tanto, se trataría de un universo finito, aunque ilimitado.

Nosotros, los seres humanos –vino a decir Poincaré- provistos de una percepción tridimensional, podemos contemplar la forma esférica de la Tierra, cuya superficie es bidimensional, y situarla sobre un mapa. Sin embargo, si el universo es tridimensional y esférico –como él sugirió- no habría manera de situarse fuera de él para comprobarlo, pues el ser humano carece por completo de una percepción en cuatro dimensiones.

El reto de refutar o probar la conjetura quedó para disfrute y tormento de los matemáticos, que se estrujaron el cerebro durante años, hasta que en 2003 un excéntrico ruso llamado Gregory Perelman convocó a sus colegas en Cambridge, Massachussets, y ofreció una explicación elegante del enigma, rechazó de paso el premio de un millón de dólares y regresó a Moscú a cuidar de su padre en un modesto apartamento. Ignoro si lo que planteó Perelman fue una demostración completa o solamente un método o base para la demostración, pero en cualquier caso ahí quedó el intento de asomarse matemáticamente a la captación de un objeto –el universo- que rebasa el entendimiento humano normal y corriente.

Me pregunto si esta maravillosa conjetura sería trasladable, en su medida y a manera de analogía, a la comprensión de lo que hoy sucede en la antroposfera, ese universo social que habitamos. Como la matrioska, la muñeca rusa que contiene otras tantas en su interior, unas dentro de las otras, Occidente ha tenido durante siglos el convencimiento de que podía ver el mundo desde una dimensión superior a la de las otras culturas y otros pueblos. Podía, así, permitirse el lujo de cartografiarlos económica y culturalmente, acotarlos, explorarlos y explotarlos, dar lecciones sobre cómo debían evolucionar, o forzarlos a hacerlo en caso necesario.

Esto se acabó. Si la globalización es algo, y bien lo parece, es que podemos mirarnos unos a otros sin que nadie pueda presumir de estar instalado en una dimensión superior. Formamos, pues, parte de un único universo social para cuya comprensión no se dispone de un espacio exterior privilegiado (una cultura, un pueblo, una filosofía, una religión) desde el cual operar. La conjetura se agranda y evidencia cuando el poderoso Occidente, civilizado y desarrollado, está metido en un túnel del que no sabe cómo salir, mientras es contemplado por todos los demás sin complejo alguno.

¿Contamos con un Gregoy Perelman que nos ayude a salir del atolladero en esta materia? No lo encontraremos, desde luego, entre los sabios y gestores de la matriz económica dominante, que nos están llevan a un callejón sin salida con matices alarmantemente autodestructivos. Probablemente, esa dimensión que nos puede aportar luz sobre la índole de los problemas que se nos presentan haya que buscarla, precisamente, en nuestra relación con la naturaleza y el cuidado del planeta. Ya ha habido exploradores arriesgados e investigadores concienzudos que nos han indicado el camino para entenderlo mejor. No es ninguna novedad.

En estos momentos, en que lo inmediato es salir de la crisis, cosa que probablemente se producirá más tarde o más temprano (aunque para caer en otra mayor, de seguir la pauta), la cuestión ecológica y los graves problemas que aquejan al planeta han pasado a un segundo plano, ya que lo urgente es crecer y generar empleo. Pero el problema sigue ahí y se seguirá proyectando con la fuerza de la ley de la gravedad. La dimensión ecológica no sólo es inevitable, si no queremos arrasar la biosfera, sino que está llamada a ser el punto de vista desde el cual reconstruir las relaciones sociales, económicas, culturales y, en último término, políticas.

democracia real

José Asensi Sabater

Sabemos que ninguna democracia es real y menos aún la democracia representativa, en cuyo núcleo fundamental hay una ficción: la ficción de la representación, en virtud de la cual la voluntad de los representantes se hace pasar por la voluntad del pueblo. En ese sentido no es real, como ya dijera el viejo Rouseau (“los ingleses –decía- creen que son libres porque eligen a sus representantes cada cierto tiempo…”) y después de él Marx, Kelsen y, desde luego, los teóricos del comunismo.

Con todo, la democracia representativa, pese a todos sus defectos, ha transitado por el proceloso siglo XX y ha prevalecido frente a los experimentos que planteaban su superación, desde la democracia entendida como la adhesión a un führer (“el fúhrer nunca se equivoca”), hasta la democracia asamblearia o consejista, todas las cuales desembocaron en dictaduras que anularon la libertad y la dignidad de las personas. La democracia representativa puede tener fallos, pero el reverso de ella conduce al horror de la dictadura.

Cuando el movimiento 15-M plantea “democracia real ya” lo que está proponiendo, creo entender, no es sustituirla por la democracia directa de la calle, sino más bien la ampliación de la representación y otra manera de articularla para que sea más equitativa. Ciertamente, el abanico representativo se ha ampliado a lo largo de los años, incluyendo progresivamente categorías de ciudadanos anteriormente excluidos, lo cual está muy bien; pero es verdad que la manera en que se refleja el peso del voto no es equitativo sino que vulnera el principio de igualdad. En España este efecto es especialmente evidente, como se ha venido diciendo desde la Transición, y ya es hora de que se produzca un cambio en el sistema electoral que corrija esa desviación.

Pero, además, el 15-M plantea otro punto de interés: reforzar y potenciar la democracia con más participación. Esto es posible, por supuesto, y ya hay experiencias aquí y allá que apuntan en esta dirección. El por qué de esta demanda es fácil de entender. Hoy la gente, que tiene acceso a la información por mil conductos, no está dispuesta a creer a pie juntillas todo lo que emana de sus representantes y de los partidos donde éstos se encuadran. Quiere pensar por sí misma y no dar un cheque en blanco. Es decir, no quiere estar tan representada, sino ser protagonista y partícipe de la cosa pública. Esta desacralización de la autoridad –que debe ganarse su legitimidad por lo que hace y no por el estatus de que disfruta- es un hecho nuevo que tiene inevitables consecuencias en la gobernabilidad. Nadie está al margen del escrutinio público, ni los partidos, ni los jueces, ni el parlamento, ni ninguna otra institución. Probablemente esto supone un debilitamiento de la autoridad tal como ésta se venía concibiendo, pero es un paso más en nombre de una autoridad y una democracia reales.

Por último, “democracia real” apunta a la necesidad de disponer de más controles en manos de los ciudadanos para combatir las desviaciones de poder. En un escenario donde se evidencia la oligarquización y el sectarismo de los partidos políticos, donde la corrupción es notoria pero no corregida, donde las promesas se incumplen y se engaña y manipula, es normal que se quiera más control efectivo y medidas ejemplarizantes. En este sentido, la demanda de “democracia real” no supone simplemente introducir cambios concretos y ajustes técnicos sino, precisamente, un rearme ético de la democracia que, de llevarse a efecto, supondría un cambio constitucional de calado. De hecho “democracia real” es un germen de poder constituyente.

No es casual, como tantas veces se ha advertido, que estas y otras demandas se planteen ahora, en el contexto de la crisis. La crisis económica ha desvelado que la democracia que tenemos es endeble. Todos vemos cómo los gobiernos, los parlamentos y los partidos han perdido en gran medida la capacidad de decidir. Deciden por ellos poderes más elevados, sin que sea posible someterlos, a su vez, a ningún control democrático. La respuesta de los indignados –y de otras muchas personas- era, pues, esperable y, en cierto modo, plantea alternativas sumamente civilizadas, alejadas de lo que podría llegar a ser la pura explosión de la violencia.

problemas autonómicos

jose Asensi Sabater

En la tradición de la Revolución francesa, y después en la rusa y china, se suponía que un Estado fuerte y centralizado era sinónimo de progreso, modernidad e igualdad. Pero hasta este tipo de Estado tuvo que claudicar ante la evidencia de que una centralización excesiva hace imposible la buena marcha de cualquier organización –también de la política- y, por otra parte, suscita importantes rechazos allí donde el Estado no es homogéneo sino que existen comunidades cultural o políticamente diferenciadas. De ahí que, frente a las pretensiones del Estado dirigente y centralista, se alce otra sólida tradición que pone el énfasis en la descentralización del poder, sea mediante fórmulas federales, como en los Estados Unidos, sea mediante la variada gama de fórmulas de regionalización, autonomía, etcétera.

En España, desde la Transición, se llevó a cabo un proceso de descentralización bastante incisivo, con dos objetivos: facilitar la integración de las nacionalidades, reconocidas como tales en la Constitución, y otorgar a los diferentes territorios autonómicos un ámbito propio de competencias sobre sus propios asuntos, al margen de la vigilancia externa del Estado. Se suponía que una mayor autonomía iba a implicar mayor participación y control populares y, por consiguiente, que se alcanzarían valores positivos, válidos por sí mismos, tales como la democracia. Más autonomía significaba en aquél momento más democracia y, también, más control sobre los gobernantes y más posibilidades de denuncia y profilaxis de la corrupción.

Treinta años después de este diseño, al que han acompañado múltiples reformas y añadidos que han llegado a alterar las previsiones constitucionales, cabe preguntarse si los objetivos se han logrado. Respecto a la integración de las nacionalidades, el balance es ambiguo: treinta años de tira y afloja con los nacionalismos han reportado algunas ventajas (no olvidemos que los nacionalistas han colaborado con la gobernabilidad del Estado, tanto con gobiernos de izquierda como de derecha), pero no se ha resuelto en problema principal de la integración, puesto que los nacionalismos siguen teniendo el punto de mira fijo en la autodeterminación. Respecto a la cuestión de la democracia, el balance es desigual: se han consolidado entes autonómicos, pero la atribución de mayores cuotas de poder a las elites locales ha desembocado, en según en qué territorios, en un gasto descontrolado y en un aumento verdaderamente alarmante de la corrupción. Basta ver lo sucedido en Autonomías como la valenciana para hacerse una idea.

La crisis económica ha destapado la necesidad de revisar el modelo. Y no tanto porque haya que hacer caso a esa suicida receta de recortar y recortar, dictada por Alemania, sino por el despilfarro intrínseco en que han incurrido muchas Autonomías para satisfacer clientelas y acumular poder. Los planes de los responsables de tanta impudicia se ciernen una vez más, como si de una maldición bíblica se tratara, sobre los débiles. De modo que los mismos manirrotos que, por ejemplo, han dejado exhaustas las arcas de la Generalitat serán los que lleven adelante la siniestra poda de los servicios públicos generales, dejando a la población en condición precaria, arruinada y destartalada.

Tal vez hay un error en el diseño inicial de las Autonomías en España. Se les encargó que gestionaran servicios esenciales, como la sanidad, la educación y otras prestaciones sociales, pero tales tareas no las pudieron respaldar puesto que carecen de una política económica coherente con ese cometido. Los instrumentos de política económica quedaron en manos del Gobierno que, a su vez, un gobierno tras otro, los traspasaron a los mercados financieros y los bancos alemanes. Los ciudadanos no tienen manera de exigir a sus gobiernos autonómicos responsabilidad alguna, pese que voten. Están excluidos. Y como la única manera de ajustar el déficit a toda prisa, la gran obsesión, es morder en el gasto social, no cabe ninguna duda de que éste es el centro del programa oculto, aunque evidente, que trae Rajoy bajo el brazo. Una vuelta de tuerca más que arruinará generaciones.

Entretanto, el pesoe se lame las heridas pero insiste en sus errores.