Algunos colegas me animan a participar en una publicación que pretende establecer las bases de lo que podría ser un proceso constituyente para España. Se trataría de exponer por qué la fuerza de la vigente Constitución de 1978 está agotada, y por qué resulta necesario abordar un planteamiento que devuelva el protagonismo a la ciudadanía, poniendo coto a los poderes financieros y a las políticas neoliberales que se extienden hoy, a pesar de su fracaso, por toda Europa.
Naturalmente, declino tal invitación, no porque piense que no ha lugar a una reflexión de este tipo en el plano teórico, sino porque creo que no se dan ni de lejos las condiciones para llevar a cabo, en la práctica, un planteamiento de esta naturaleza. No resulta atractivo operar en el vacío.
Es verdad que la Constitución, en los últimos años, ha sufrido un proceso de degradación alarmante, ya que su potencial normativo ha quedado anulado en gran medida por efecto de la crisis, de suerte que los derechos en ella proclamados, entre ellos el derecho al trabajo, son derechos ilusorios en la vida real. En este sentido, la reciente reforma del art. 135, pactada entre los dos principales partidos, supone una trasgresión en toda regla del pacto constituyente de la Transición, puesto que consagra indirectamente un modelo económico claramente incompatible con los supuestos del Estado Social, uno de los pilares del consenso de 1978.
Tras treinta años de vigencia constitucional, los tres poderes del Estado han resultado afectados: el Legislativo, por su distanciamiento de la sociedad y por su subordinación a instancias foráneas. El Ejecutivo, por su colonización por distintos grupos de presión y por su manifiesta incapacidad para definir nítidamente lo que se entiende por interés general. El judicial, porque es ineficiente y no garantiza, ni la adecuada protección a los derechos fundamentales, ni los elementales valores de la neutralidad e independencia.
La degradación también se manifiesta en la organización territorial del Estado, que lejos de haber avanzado por la senda de la racionalización y la complementariedad, en la línea de un modelo solidario de corte federal, se ha deslizado por el plano de la desigualdad y la insolidaridad, además de que en ellas han cristalizado elites clientelares que presumen de no estar sujetas a responsabilidad alguna.
Con todo, se está lejos de una situación propicia para un nuevo pacto constituyente. Primero, porque tal pacto sería probablemente imposible, dada la estrategia política existente del “todo o nada”, que también se deja sentir fuera de nuestras fronteras. Segundo, porque la Constitución que se alcanzó a la salida de la dictadura, donde triunfó el consenso, hay que ponerla en valor en condiciones distintas, las de la globalización y el encaje en las estructuras europeas, que es por donde pasa actualmente el verdadero proceso constituyente: la solución de los problemas de España no se pueden disociar de los problemas de Europa, por más que en este espacio lo que predomine hoy día sea una política errática y anárquica, bajo la batuta de gobiernos conservadores. Tercero, porque, sin consenso, o mejor dicho, con posiciones maximalistas en una larga serie de aspectos, el resultado sería, o bien regresivo respecto a los niveles actuales, o bien daría lugar a una conflictividad tal que nos anularía como país; o ambas cosas.
Por tanto, hay que seguir trabajando, en mi opinión, con el material constitucional que tenemos, que no tiene por qué estar condenado a la inoperancia. Hay instrumentos potentes en el texto constitucional que es necesario poner al día. Las reformas que se necesitan, a consecuencia de la crisis, no son las de amputar el Estado social, un error político y económico, sino poner límites a esos mismos que hablan de recortes y que viven en el mejor de los mundos posibles. Las reforma que se precisan son las del saneamiento de las administraciones, sin duda, pero también la equidad fiscal entre Trabajo y Capital, hoy descaradamente favorable a ésta última. Frente los recortes arbitrarios que se quieren imponen más por ideología y por ventajismo que por coherencia económica y social, están los derechos que la Constitución proclama. Otras muchas reformas son posibles para adecuar los poderes del Estado y la organización territorial a las condiciones actuales: es cuestión de voluntad política, en el bien entendido que el punto de mira es avanzar en un esquema constitucional europeo que supere la dependencia –personal, económica y política- de los gobiernos conservadores (y no conservadores) con las entidades financieras que nos han llevado impunemente a la crisis.
La receta no es sencilla: pasa también por revertir los valores actuales, basados en el modelo de la ganancia fácil, especulativa e improductiva, e invertir en valores de decencia y promoción de bienes colectivos, es decir, en las necesidades reales de la gente.
